“La Ley de Discapacidad protege integralmente a la persona con discapacidad, tanto menor como adulto”

El cimbronazo al enterarse que un hijo tiene una discapacidad puede ser un momento difícil. Mucho más si se desconoce cómo seguir. Qué pasos dar. Por eso, nos adentramos en el conocimiento de la Ley de Discapacidad, la número 24.901. Porque a partir del derecho a la información se caminará sobre suelo más firme, desde Zona de Sentidos entrevistamos a la Doctora Viviana Noemí Pepe, especialista en temas de discapacidad y en reclamos a obras sociales y prepagas con más de 12 años de experiencia.

“La Ley de Discapacidad es una ley nacional que fue publicada el 5 de diciembre de 1997 en el Boletín Oficial,que indica que tanto las obras sociales como las prepagas tienen las mismas obligaciones en salud: brindar una cobertura integral”, inició la abogada,recibida en la Universidad de Buenos Aires. “Lo primero que hay que hacer es tramitar el Certificado de Discapacidad. Depende la discapacidad que uno tenga para saber en qué hospital público se tramita. Una vez que se tiene el certificado hay que ir a la obra social o a la prepaga para dar a conocerlo y que le digan qué requisitos debe presentar”, agregó.

“Puede que la prepaga haga referencia a que sólo debe cubrir la salud, pero esto no es así. Les corresponde hacerse cargo de todo: del transporte, la educación e incluso si la persona necesita un hogar o un determinado lugar para rehabilitarse. Se trata de todo lo que esté prescripto por el médico que lo atiende. Todo es al 100%. Hay rehabilitaciones que son especiales para cada patología y que, a partir de que el médico lo solicite, debiera cumplirse. Incluso la ayuda psicológica que pudieran necesitar los padres del paciente”, puntualizó.

La ley explicita que se cubren las prestaciones médicas obligatorias. No obstante, la abogada nos simplifica la interpretación. “Hay casos que son específicos, que por ahí no se establecieron porque la ley es del 97 y estamos en 2015. La medicina fue avanzando y hay un montón de cuestiones médicas o apoyos que se hacen ahora y anteriormente no. Por ejemplo los acompañantes terapéuticos. O trabajos de kinesiología específicos que se hacen en un determinado lugar. Entonces todas esas cosas específicas de la discapacidad y que sean indispensables para el paciente están contempladas en el artículo 39 de la ley”.

“Lo más importante para transmitir es que cuando una persona o un familiar tiene alguna discapacidad y quiere que se hagan cumplir sus derechos tiene la Ley 24.901 que lo protege.Tanto al menor como al adulto. Las obras sociales tienen un área de discapacidad y tienen la obligación, tal como lo establece el artículo 5 de la ley, de informarle cuáles son sus derechos. Pero para eso hay que presentar el Certificado de Discapacidad correspondiente que lo habilite a ser acreedor de esos derechos que le da la ley”, describió.

“Puede ocurrir que una prepaga no quiera afiliar a la persona con discapacidad. Eso es inconstitucional porque deben inscribirla. La obra social, al ser de trabajadores dependientes, suele presentar menos inconvenientes de este tipo. Hay algunas prepagas que están autorizadas legalmente a cobrarte una cuota más elevada”, explicó, e incluso se animó a contar un caso.

“Tuve un caso de un nene que al ingresar a la prepaga no estaba declarada su discapacidad. La mamá no pudo continuar pagando porque la cobertura aumentó muchísimo y el tercer mes sin abonar le quisieron dar de baja porque su cuota se fue de 200 pesos a 5000 pesos.Entonces realicé un amparo con una denuncia por abandono de persona. Y, si bien todavía estamos en juicio, hay una medida cautelar que estableció que tenía que volver a la cuota anterior porque era inconstitucional ese aumento. Con lo cual, aunque a veces el Estado habilita a poder cobrar una cuota diferencial por la discapacidad en las prepagas, en realidad no debiera ser así. Porque todo el sistema financiero, el Sistema Único de Reintegro (SUR), es el encargado de financiar la cobertura”.

 “Supongamos que a las prestadoras de salud un afiliado con discapacidad les cueste 25, 30 o 40 pesos por mes. Tienen que hacerse cargo de la totalidad de sus costos y lo que no puedan cubrir tendrán que reclamárselo al SUR para que les devuelva esa diferencia. No se lo pueden transmitir al afiliado. Aunque lo hagan de todas formas. Le dicen a ‘vos no te corresponde esto, sino sólo esto porque a mí nada me lo paga’. Pero en realidad sí se lo pagan. El tema es el sistema que está mal y se encuentra muy demorado”, añadió.

 “Siempre se parte, primero, del reclamo administrativo.Hay que agotar esa vía, tanto en la obra social como en la medicina prepaga. Yen caso de obtener una respuesta negativa ahí se puede acudir a la Justicia para que determine en una medida cautelar que se cubran las prestaciones que uno pudiera necesitar y que deberá demostrar que son pertinentes para ayudarlo con su discapacidad”, contó.

“Hay colegios que son integradores para chicos con algún problema determinado. Obviamente, las listas que brindan las obras sociales y las prepagas para los niños son de colegios del Estado, aunque éstos se encuentran tapados de chicos. Y, si bien está bastante discutido, lo que puede hacerse es que el médico tratante haga un certificado explicitando que el niño/a tiene que ir a un determinado colegio y explicar los motivos necesarios. También, con el paso de los años, apareció la figura del maestro integrador. Alguien que está con el chico para ayudarlo en todo lo que sea la integración y para que pueda equilibrarse con todos. Lo mismo ocurriría con un acompañante terapéutico si es que necesitara a alguien que lo ayude, por ejemplo, a subir las escaleras. De igual forma si se necesitara una ayuda porque tiene problemas de conducta y necesita un acompañante terapéutico para el colegio. Todo esto también está cubierto para ley”, mencionó.

“Hay mucha gente que por ahí se conforma con lo que le dice la obra social o la prepaga y piensa que si reclaman se van a quedar sin cobertura. Eso no es así porque, de acuerdo a mi experiencia personal, nunca pierden nada. Por el contrario, con un amparo terminan ganando. Esto se hace en los Juzgados Federales y Civiles Comerciales de Capital Federal o en San Martín. Las medidas cautelares generalmente son bastante amplias, en el sentido de lo que reclama el abogado generalmente se consigue. Pero con los amparos la gente gana más cuando la obra social o la prepaga se ponen reticentes sobre lo que quieren pagar”, concluyó, al tiempo que expuso que en caso de consultar a un abogado lo ideal es hacerlo con un especialista en temas de discapacidad porque no todos los abogados se ocupan y conocen con fundamentos de este tema.

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